El Congreso capitalino solicita a la SHCP investigar hechos
imputados al ministro de la SCJN Eduardo Medina Mora Icaza
- El diputado
José Luis Rodríguez citó una investigación periodística que informó que el ministro reportó
ingresos entre 2013 y 2017 por 26 millones de pesos, mientras que efectuó
depósitos cuatro veces mayores a cuentas bancarias extranjeras
El
Congreso de la Ciudad de México exhortó a la Secretaria de Hacienda y Crédito
Público investigar, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, los
hechos imputados a Eduardo Tomás Medina Mora Icaza, ministro de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, que pudieran configurar conductas ilícitas.
El diputado José Luis Rodríguez Díaz de León expuso que la
SCJN es el máximo tribunal constitucional del país y cabeza del Poder Judicial
de la Federación, y que tiene entre sus responsabilidades defender el
orden establecido en la Carta Magna y mantener el equilibrio entre los
distintos Poderes y ámbitos de gobierno a través de sus resoluciones judiciales,
además de solucionar de manera definitiva asuntos relevantes para el país.
“Toda vez que imparte justicia en el más alto de los
niveles, es decir, el constitucional no existe en nuestro país autoridad que se
encuentre por encima de ella o recurso legal que puede ejercerse en contra de
sus resoluciones”, aseguró.
El legislador del grupo
parlamentario de MORENA recordó que el pasado 6 de junio se publicó una nota periodística
en El Universal titulada Los depósitos
sospechosos del Ministro Medina Mora, en la que se informa que el ministro
reportó en sus declaraciones anuales de impuestos ingresos entre 2013 y 2017
por 26 millones 38 mil 256 pesos, mientras que efectuó depósitos por cuatro
veces esta cantidad a cuentas bancarias en Reino Unido y Estados Unidos,
conforme a la Agencia Nacional de Crimen Británica y el Departamento del Tesoro
Estadounidense.
“La corrupción y la impunidad son
problemas que obstaculizan la vigencia constitucional de cualquier Estado de
Derecho. Uno de los problemas principales de la vida pública es este flagelo
que genera la impresión de que todos los actos son permisibles y la actuación
de los servidores públicos está apegada por muy lejos al marco legal de sus
funciones”, expresó el diputado en su presentación del punto de acuerdo.
Resaltó que la Convención
Interamericana Contra la Corrupción establece que los Estados deben generar
medidas para tipificar en su legislación el enriquecimiento ilícito de
servidores públicos como delito, es decir, “el incremento del patrimonio de un
funcionario público con significativo exceso respecto de sus ingresos legítimos
durante el ejercicio de sus funciones y que no pueda ser razonablemente
justificado por él”.
En este sentido, indicó que la Unidad de
Inteligencia Financiera de la SHCP tiene la responsabilidad de denunciar ante
el Ministerio Público de la Federación las conductas que pudieran favorecer
operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Esta
proposición con punto de acuerdo fue considerada de urgente y obvia resolución
y aprobada por el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de
México, quien solicitó a la SHCP investigar a través de la Unidad de
Inteligencia Financiera, en el marco de sus atribuciones, los hechos imputados
al ministro Medina Mora Icaza que pudieran configurar conductas ilícitas.
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