Se debe incorporar a la Constitución el principio de austeridad: Gutiérrez Luna
Redacción
El principio de austeridad no debe ser sólo una exigencia política ni una bandera partidista o de campaña, sino un reconocimiento social en el que todos estemos de acuerdo. “El debate está en cómo implementarlo”, afirmó el coordinador del Grupo de Trabajo para la Reforma del Estado y Electoral, diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna (Morena).
En los foros de Parlamento Abierto de la Reforma del Estado y Electoral, expresó que se necesita un diseño constitucional nuevo que contemple los principios que la sociedad exige y no se quedé en un discurso o en una agenda; tenemos que ubicarlo en la Carta Magna.
El también secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales detalló que en la iniciativa que presentó en esta materia hay un apartado sobre austeridad electoral, para modificar los artículos 40 y 134 constitucionales a fin de incorporar el principio de austeridad.
“Tenemos como mandato popular lograr un mecanismo para disociar del poder público lo que en otros momentos se ha identificado como opulencia, dispendio, despilfarro o privilegio; hay varias formas de lograrlo y tenemos que intentarlas todas”, añadió.
Gutiérrez Luna resaltó que la Constitución evoluciona y lo hace por el impulso que la sociedad le da. El Legislativo y el Constituyente permanente los recoge y plasma. “No podemos estar bajo dogmas que limiten incorporar elementos nuevos en la Carta Magna”.
Destacó que la ley suprema es un reflejo de las condiciones sociales del país y “nuestra lectura actual exige que la austeridad sea un ejercicio de la función del gobierno y, para ello, proponemos que este principio se establezca en la Constitución”.
Esta inclusión, dijo, tendría mucha eficacia en la realidad y en el actuar del gobierno. Para el Poder Judicial sería obligatorio observar este principio al momento de resolver sus controversias sobre la Ley de Remuneraciones; para el Ejecutivo y Legislativo, en el ejercicio de su gasto sería un eje rector, así como en los órganos autónomos, primordialmente en sus viáticos, donde se abusa.
El diputado Pablo Gómez Álvarez (Morena) apuntó que toda la función electoral debe ser exclusivamente técnica. “No tiene ningún sentido la existencia de los Organismos Públicos Electorales Locales (OPLES), y pueden sustituirse por la decisión del Consejo General del INE. La Constitución está diciendo que los OPLES son innecesarios”.
También el Consejo General es innecesario, se requirió para que los partidos que no tenían voto lo tuvieran. Desde entonces tienen sufragio a través de sus consejeros. Pero “no tiene sentido que exista, cuyos integrantes deben nombrarse a través de procedimientos abiertos y deben ser personas competentes, honradas y probas”.
Su compañero de bancada, diputado Alejandro Viedma Velázquez, indicó que a diferencia de otras reformas electorales donde es la oposición quien propone cambios después de un proceso, en esta ocasión es el grupo mayoritario quien la impulsa. “No debemos hablar de una crisis para plantear ciertas modificaciones”.
Dijo que la atribución del INE para la promoción de las elecciones no es la adecuada porque “a pesar de que tienen muchos recursos para este tema, los resultados dicen que no lo han sabido hacer ni se ve reflejado en la participación de la ciudadanía”.
La diputada Ana Ruth García Grande (PT) sugirió que los resultados de estos foros deben aplicarse para dar respuesta al momento que está viviendo nuestro país, pues la situación “no es estática”.
Pidió analizar los elementos que ayuden a alinear el concepto de austeridad para que sea un elemento técnico que fortalezca al sistema democrático.
En la mesa de análisis “Sistema de fiscalización y austeridad como principio constitucional”, Jesús George Zamora, titular del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral (INE), expresó que en la Constitución no se encuentra expresamente el principio de austeridad; sin embargo, hay antecedentes y otros elementos que tienen relación directa con ese concepto.
Implícitamente, dijo, el principio de austeridad está inmerso en el de eficiencia, señalado en el artículo 134 constitucional, donde también se prevé el de economía, que establece las mejores condiciones de contratación que hace el Estado y tienen relación con la austeridad.
Preguntó si en este 2019 es oportuno y pertinente establecer constitucionalmente el término austeridad, contemplando el establecimiento de los anhelos más preciados de la sociedad, “la respuesta es que sí es necesario establecer en la Constitución el principio de austeridad y diferenciarlo del de eficiencia y economía”.
George Zamora resaltó que, en las circunstancias actuales, lo que la sociedad reclama en el país es establecerlo como un faro para las funciones de los servidores públicos; de tal forma, que no haya manera, como en el caso de los derechos humanos, de que los servidores públicos puedan excusarse del cumplimiento de este principio. “La oportunidad de establecerlo en la Carta Magna es procedente”.
Su inclusión, afirmó, tendría relación con eficiencia, eficacia, economía y honradez. Además, dijo que “es un falso debate señalar prioridades entre el principio de austeridad y el de certeza; no se contraponen y se van a complementar para eficientar la función de todos los entes públicos”.
La propuesta de la desaparición de los OPLE, afirmó, no es un debate entre certeza y austeridad, sino tiene que ver con el federalismo y eficiencia. En cuanto a la fiscalización del principio de austeridad, añadió, es necesario darle rango constitucional para los órganos internos de control y fiscalizadores.
Se manifestó por obtener una ley que señale limitar el despilfarro y el dispendio de los recursos; tener la prohibición a mandos medios y superiores de teléfonos celulares, remodelación de oficinas, uso de vehículos oficiales, gastos de alimentación, regulación de viajes nacionales e internacionales; prohibición o linderos concretos a gastos de orden social; términos específicos para transferencias o adecuaciones presupuestales internas; prohibición de traspasos de programas estratégicos y administrativos, y prohibición de nuevos fideicomisos.
El director general del Instituto de la Judicatura Federal, Rafael Estrada Michel, consideró que enfocarse en la austeridad de gastos como principio constitucional es importante, pero el gran reto a superar es que exista efectiva rendición de cuentas. En este sentido preguntó: ¿se puede someter a los partidos políticos a un régimen efectivo de cumplimiento? ¿Es posible obligarlos a realizar elecciones primarias, libres, confiables, abiertas y certeras?
Lo primordial es que las prerrogativas dejen de abonar a la bifurcación Estado-sociedad porque no es sano y promueve la lucha de clases y la existencia de una clase política desagregada de la sociedad. Lo ideal, añadió, es que los partidos políticos sean los cauces de acceso al poder público y no pretendan manipular los órganos dedicados a su control y revisión de cuentas.
El exmagistrado de Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Rubén Becerra Rojas-Vértiz, puntualizó que es necesario replantear el sistema electoral con una estrategia que permita mantener su cohesión y coherencia. Agregó que a fin de lograr un verdadero ejercicio de fiscalización de ingresos, aplicación y destino de recursos de los partidos políticos y candidatos, es necesario que la rendición de cuentas no sea sólo un procedimiento descafeinado.
Subrayó que para concretar el principio de austeridad electoral es importante lograr que las autoridades jurisdiccionales sean eficientes administrativamente; resolver el conflicto de duplicidad de funciones a través del INE y los OPLE, y que el INE despliegue sus articulaciones a municipios e implante el voto electrónico.
En su participación, el abogado Andrés García Repper y Favila afirmó que con la reforma de 2014 inició “una degradación institucional” y la destrucción del principio federal electoral, pues se crearon los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) en lugar de los institutos electorales locales; cuyos funcionarios son designados por el Consejo General del INE.
Lo más invasivo, subrayó, es que el INE tiene facultad de remover a consejeros locales, lo cual ha derivado en más de 124 procesos de destitución desde 2015. “A algunos los removieron, como en Chiapas, Colima, Guerrero, Veracruz y Yucatán, y hay incertidumbre en funcionarios electorales por la presión que reciben: política, presupuestal, mediática, disciplinaria y organizativa. Esto los tiene contra la pared”.
Carla Astrid Humphrey Jordán, especialista en derecho electoral, precisó que este foro se deriva del hartazgo de la sociedad en la corrupción y el abuso de los recursos públicos. Afirmó que se requiere trabajar en materia de la fiscalización; tener un mejor y más coordinado sistema y avance a la misma velocidad a nivel federal y local, dado que hay ambigüedades y diferencias en las leyes.
Señaló que establecer el principio de fiscalización en la Carta Magna será importante porque permitirá tener bases esenciales para combatir la corrupción y tener un adecuado sistema. Se busca que cada vez que se haga una licitación pública se investigue a todas las empresas; fortalecer los sistemas de rendición de cuentas en los estados; apostarle por el uso de la tecnología, así como emprender un análisis de las debilidades y virtudes de la reforma del 2014 en materia electoral.
