sábado, 13 de junio de 2020

Cámara de Diputados

Logra consenso la Comisión de Justicia sobre el proyecto de dictamen en materia de protección al personal de salud
* Se impondrían de uno a diez años de prisión a quien los agreda
* Incluye a las Fuerzas Armadas en tareas de auxilio
Redacción

En reunión virtual, la Comisión de Justicia logró el consenso para que una vez que reinicien las actividades presenciales en la Cámara de Diputados se apruebe el “Proyecto de dictamen de iniciativas que reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, y de las leyes General de Salud y la Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en materia de protección al personal del Sistema Nacional de Salud”. 
Sancionar delitos contra el personal médico y de emergencias
La presidenta de la instancia legislativa, diputada Pilar Ortega Martínez (PAN), subrayó que este proyecto tiene el consenso de las fuerzas políticas que integran la Cámara de Diputados, por lo que en cuanto se retomen las actividades se llevará a discusión ante el Pleno. Agregó que desde el 14 de abril se han recibido 14 iniciativas y, en términos generales, todas tienen un componente de sanción.
Mencionó que la intención principal es castigar los diversos delitos cometidos en contra de personal del Sistema Nacional de Salud en el contexto de una emergencia sanitaria. Plantean hacer extensiva la protección a los miembros de servicios de emergencia en cualquier desastre natural o situación de emergencia.
Añadió que se propone establecer una sola calificativa que agrave la sanción que reciba una persona por cualquier delito cometido en contra de personal del Sistema Nacional de Salud, de cuerpos que presten servicios de emergencia o de las Fuerzas Armadas en funciones de auxilio.
El artículo 190 del Código Penal Federal, de aprobarse la reforma, quedaría así: “Al que cometa un delito contra el personal del Sistema Nacional de Salud, los cuerpos que presten servicios de emergencias o de las Fuerzas Armadas, en funciones de auxilio en el acto de ejercer sus funciones o con motivo de ellas durante el tiempo que corresponde a una contingencia sanitaria, emergencia o desastre natural, declarado en términos de la ley por la autoridad competente, se le impondrá de uno a diez años de prisión, además de la pena que le corresponda por el delito cometido”.
También, la ampliación de las razones que actualizan el delito de discriminación, pues en la legislación vigente no se contempla ninguna que permita la actualización de este delito en los casos de las conductas relativas a la condición laboral de la persona. Por ello, se prevé la incorporación de dicha razón y que la conducta se circunscriba a la mitigación de la emergencia sanitaria o desastre natural, para que la redacción se armonice con la calificativa que se propone.
Esto modificaría el artículo 149 Ter, el cual señalaría: “Se aplicará la sanción de uno a tres años de prisión o de 150 a 300 días trabajo a favor de la comunidad y hasta 200 días multa, al que por razones de origen o pertenencia étnica o nacional, raza, color social, condición social o económica, condición de salud, embarazo, opiniones políticas y condición laboral o desempeño de actividad relacionada con la mitigación de una emergencia sanitaria o desastre natural”. Ello, para que se pueda sancionar dentro del delito de discriminación.
De igual modo, la diputada Ortega Martínez explicó que se proponen sanciones administrativas en la Ley General de Salud, en donde se modificaría el artículo 427 para establecer que a la persona que realice o inste a realizar actos de violencia en cualquiera de sus modalidades contra el personal de salud, se les apliquen las sanciones a las que se refiere ese ordenamiento. En la misma ley se destacan algunas conductas que deben ser consideradas como discriminación y se hacen ubicaciones en el propio régimen transitorio, para armonizar la legislación.

Cámara de Diputados

La niñez resentirá más carencias por el desempleo de los padres: Ricardo Bucio, titular del Sipinna
* Debemos redoblar esfuerzos para atender a las niñas, niños y adolescentes ante la emergencia sanitaria: Valencia Cruz
* 85 mil menores se han quedado sin seguridad social en los dos primeros meses de la pandemia
Redacción

Ante diputados, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), Ricardo Bucio Mújica, sostuvo que el reto para la niñez no es la pandemia, sino la “invisibilidad” de los riesgos y efectos de la violencia familiar y sexual, las carencias por el desempleo de los padres, la inseguridad social, la deserción escolar y la ausencia de redes de cuidado.
En parlamento abierto con la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, que preside la diputada Rosalba Valencia Cruz (Morena), el funcionario federal planteó una agenda legislativa para armonizar 17 ordenamientos jurídicos con la ley general en la materia, a fin de garantizar el interés superior de la niñez.
Destacó la importancia de asignar más recursos al Anexo Transversal 18 del Presupuesto de Egresos de la Federación, que ha resentido una disminución de más de 30 mil millones de pesos del 2018 al presente año. Estimó que la pobreza entre los menores de edad se va a agravar por el Covid-19 y la postpandemia, debido a la pérdida de empleo de sus padres.
En plataforma virtual, la diputada Valencia Cruz afirmó que ante la contingencia sanitaria es necesario redoblar esfuerzos a fin de respaldar a la población más vulnerable, en especial a la niñez, que se encuentra en mayor desventaja.
Ante las violaciones a los derechos de la niñez destacó la relevancia del acuerdo del Sipinna, publicado el pasado 26 marzo, para atender y proteger a las niñas, niños y adolescentes durante la emergencia por causa del Coronavirus. No únicamente es la publicación del acuerdo, sino la forma de implementarlo y que surta efectos, por lo que se requiere conocer las acciones a detalle, sostuvo.
Expresó su disposición de trabajar conjuntamente con el Sipinna en la definición de las reformas al marco jurídico, algunas de las cuales tienen avances, como la relativa a la adopción, para que se realice de acuerdo a las necesidades que tiene este segmento de la población.
Intervención de las y los diputados
La diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena) dijo que se debe dejar claro a la población que está prohibido el maltrato a la niñez y así tiene que quedar en la ley. “Podemos hacer acciones muy concretas que nos ayuden a dar un mensaje hacia toda la población de que vamos a trabajar por detener la violencia hacia la infancia”.
Su compañero de partido, el diputado Marco Antonio González Reyes, comentó que la pornografía infantil ha aumentado, y que cuando se trata de hacer una denuncia no es sencillo porque los procesos para hacerla no son muy claros. Sugirió acciones en conjunto con los sistemas de protección para erradicar esta fenomenología.
De la misma bancada, la legisladora Lorena Villavicencio Ayala señaló que éste es un tema prioritario para el país, ya que se sabe que en esta etapa crítica de la pandemia se ha incrementado la violencia para las niñas, niños y adolescentes. “Qué hemos dejado de hacer para que sigamos teniendo a niños trabajando cuando no deberían hacerlo a esas edades; y en obesidad se podría considerar que haya un impuesto para ir desalentando el consumo del azúcar”.
La diputada Emeteria Claudia Martínez Aguilar (Morena) manifestó que se tienen que aumentar los apoyos a fin de que el Sipinna y procuradurías atiendan rápido las llamadas de auxilio sobre esta violencia, se optimicen y amplíen los refugios y se tenga coordinación con las secretarías de Salud y Educación Pública para vigilar y atender los problemas de salud mental.
La legisladora Verónica Beatriz Juárez Piña (PRD) indicó que hay casos de violencia infantil y la tasa de embarazo adolescente aumentó. Preguntó cómo se podrían implementar otros mecanismos de auxilio que estén al alcance de las niñas, niños y adolescentes porque no todos tienen acceso a hacer una llamada. “Esta Comisión debe hacer una ruta de trabajo que permita ir discutiendo la propuesta presupuestaria”.
Del PAN, la diputada Janet Melanie Murillo Chávez se sumó a los temas comentados como la pobreza extrema, el trabajo infantil, la salud mental, la violencia y la pornografía infantil que ha ido en aumento durante la pandemia. Dijo que presentó la iniciativa para la primera infancia y que se deben hacer sugerencias sobre el presupuesto.
Su compañera de partido, la legisladora María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, expresó su preocupación respecto del tema educativo, pues se está poniendo atención en los contenidos y aprendizajes logrados, pero no se están observando esas aplicaciones en las tareas de “Aprendiendo en Casa”, ya que puede estar generando conflicto en el ambiente familiar y violencia.
La diputada Susana Cano González (Morena) informó que presentó un punto de acuerdo para que en la etapa de la nueva normalidad se considere a la niñez y adolescencia, ya que un estudio señaló que uno de cada cuatro niños tiene problema de ansiedad producto del confinamiento, por lo que se exhorta a la SEP para que el sistema educativo diseñe actividades y tareas en las cuales realicen rutinas de juego o artísticas.
De la bancada del PRI, Laura Barrera Fortoul resaltó que en pornografía infantil México aporta el 60 por ciento del contenido que circula en el mundo; es decir, de los 10 niños que están expuestos seis son mexicanos y que al desaparecer la Policía Federal, no hay investigación cibernética, por lo que “esta Comisión tiene una preocupación sobre el tema”.
La diputada Erika Vanessa Del Castillo Ibarra (Morena) consideró que así como la Secretaría de Salud realiza un reporte diario sobre el avance del Covid, que Sipinna pudiera integrase a estos reportes para mantener enterada a la población de cómo se está combatiendo las problemáticas que se han ido generando.