Insta Mesa Directiva a dictaminar iniciativa que plantea
redefinir naturaleza jurídica del Distrito Federal
* Fue presentada por el panista Rodríguez Doval; propone
nueva organización política y administrativa del DF
La presidencia de la Cámara de Diputados emitió prevención a
la Comisión de Puntos Constitucionales a efecto de dictaminar la iniciativa de
reforma a la Constitución Política que plantea redefinir la naturaleza jurídica
del Distrito Federal y darle una nueva organización política y administrativa.
El llamado, publicado en la Gaceta Parlamentaria, se
fundamenta en el numeral 2 del artículo 88 del Reglamento de la Cámara de
Diputados, que especifica la prevención a diez días antes de que venza el plazo
prorrogado para que la comisión o comisiones dictaminen los asuntos
turnados.
Presentada el pasado mes de diciembre por el diputado
secretario de la Comisión del Distrito Federal, Fernando Rodríguez Doval, la
propuesta subraya la necesidad de dotar a esta demarcación de un nuevo
ordenamiento legal, tomando en cuenta su carácter sui generis como sede de los
tres Poderes de la Unión.
Plantea suprimir del texto constitucional la denominación
“Distrito Federal”, para sustituirla por la de “Ciudad de México”, conservando
su carácter de Capital de los Estados
Unidos Mexicanos. Las denominaciones de Jefe de Gobierno y Delegación, cambiarían
a “Gobernador de la Ciudad de México” y “Alcaldías”, respectivamente.
Precisa que la Ciudad de México, sin tener el carácter de un
estado de la República, sería reconocida como parte integrante de la
Federación, en términos del artículo 43 de la Constitución. Conservaría las
atribuciones que actualmente tiene conforme a su característica única en el
país, y sus órganos de gobierno serían transformados en auténticos poderes.
Como integrante de la Federación, gozaría en adelante del
derecho de ser considerada parte del Constituyente Permanente, y sería
equiparada a una Legislatura local para el efecto de votar y computar las
reformas a la Constitución.
Propone que después de la Carta Magna, el más importante
ordenamiento jurídico en la Ciudad de México sería el “Estatuto Constitucional
de la Ciudad de México”.
Este sería creado por la actual Legislatura del Congreso de
la Unión, conforme se dispone en el artículo 72 de la Constitución, procurando
garantizar que su contenido refleje la composición pluricultural y la
diversidad política del Distrito Federal.
El Gobernador de la Ciudad de México nombraría y removería
al Procurador General de Justicia de la Ciudad de México, pero su aprobación ya
no correría a cargo del Ejecutivo Federal, sino de la “Asamblea Legislativa de
la Ciudad de México”.
Esta última instancia, tendría el derecho de iniciar leyes
federales ante el Congreso de la Unión, en los términos del artículo 71 de la
Constitución.
La ALCM funcionaría como lo hacen sus equivalentes en las
Cámaras del Congreso de la Unión, rotando anualmente las presidencias de la
Mase Directiva y la Comisión de Gobierno.
Por otra parte, se sustituiría a la Contaduría Mayor de
Hacienda de la Asamblea Legislativa por la “Auditoría Superior de la Ciudad de
México”, dotada de autonomía y cuyo titular sería electo por dos terceras
partes de los diputados.
En afán de descentralizar las tareas de las demarcaciones
del DF, las Alcaldías de la Ciudad de México gozarían de personalidad jurídica
y patrimonio propio. Para garantizar la gobernabilidad de estas y dar un contrapeso
a los Alcaldes, se crearía un cuerpo de carácter edilicio denominado “Concejo
de la Alcaldía” que incorpore de manera proporcional la representación
política.
Asimismo, anota la iniciativa, se precisa un diseño
institucional responsable y viable que permita la toma de decisiones con
autoridad sobre temas compartidos entre las entidades que conforman la Zona
Metropolitana del Valle de México.
Por tanto, propone establecer, con facultad del Congreso de
la Unión, la declaratoria de zonas metropolitanas, obligando a los congresos
locales, la ALDF y los municipios o alcaldías involucradas a crear entidades de
gestión metropolitana.
En el documento que sustenta la iniciativa, Rodríguez Doval
afirma que la dinámica institucional y política de la Ciudad de México cada vez
más intensa, participativa y democrática -combinada con la existencia de
problemas estructurales y necesidades urbanas cada vez más complejas-, “demanda
al Constituyente Permanente el análisis profundo de su actual organización
jurídico-política”.
Lo anterior, “a fin de realizar los ajustes y adecuaciones
que se juzguen necesarias para otorgar mayor fuerza y certeza a la labor de
gobierno, a la vez de ampliar la representación y participación ciudadana en la
toma de decisiones públicas”, concluyó.
