lunes, 12 de noviembre de 2012

Nota ALDF


La Profeco ha sido omisa en atender las quejas de la ciudadanía por los cobros excesivos y arbitrarios de la CFE: Ojeda Anguiano
* Presentará punto de acuerdo para exhortar a la Profeco a proteger eficazmente los derechos de los usuarios del servicio de energía eléctrica en el DF
Francisco Rodríguez

El diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alejandro Ojeda Anguiano señaló que al menos 120 mil quejas se han promovido ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) con motivo de los cobros excesivos y arbitrarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Sin embargo, el también presidente de la Comisión Especial de Suministro y Cobro de Energía Eléctrica en el Distrito Federal expresó que hasta la fecha la Profeco ha sido omisa en atender las quejas de la ciudadanía derivadas las diversas y cada vez mayores irregularidades en la prestación del servicio.
“A la fecha la Procuraduría Federal del Consumidor aún no ha resuelto las quejas por los cobros excesivos en las tarifas aplicadas por la Comisión Federal de Electricidad planteadas dentro del marco de su atribuciones”, detalló.
Por lo anterior, presentará este martes un punto de acuerdo en el Pleno de la ALDF, con el propósito de exhortar a la Profeco a proteger eficazmente los derechos de los usuarios del servicio de energía eléctrica en el Distrito Federal.
 Ojeda Anguiano demandó a la dependencia asumir sus facultades con responsabilidad y resolver de manera oportuna, las quejas presentadas ante su competencia, en contra de la Comisión Federal de Electricidad por cobros excesivos en las tarifas aplicadas; que datan desde el año 2010, lo anterior para propiciar la equidad y seguridad jurídica del servicio eléctrico.
El perredista insistió que las regularidades en su amplia mayoría son por cobros excesivos en las tarifas aplicadas por la Comisión Federal de Electricidad, desestabilizando la economía de los capitalinos, ya que hay cobros que van de los dos mil a los 15 mil pesos, sin tener justificación alguna.
La arbitrariedad de la CFE, abundó el diputado del PRD, están apartados de los principios de equidad y seguridad jurídica que deben privar y garantizarse en todo momento cundo se recibe un servicio.
Reiteró el legislador del XXXII distrito, que pese al grave daño que se ocasiona a miles de habitantes de la Ciudad de México, la Profeco ha sido omisa de dar cabal cumplimiento de las facultades que tiene para proteger el interés de los consumidores.
Por último, Alejandro Ojeda resaltó que la ALDF está obligada a solicitar la actuación oportuna de la Procuraduría a efecto de que resuelva las quejas planteadas, máxime que es la energía eléctrica es un elemento indispensable para el desarrollo de las actividades diarias de los habitantes del Distrito Federal, perjudicando a todos los sectores, en particular a lo más vulnerables.

Cámara de Diputados


Legisladores del GPPRD solicitaron el amparo del PJF contra la actuación de varias autoridades de la Cámara de Diputados
* Batres Guadarrama aclaró que esta petición de protección al Poder Judicial es contra la violación al proceso legislativo y no, contra el contenido de la reforma laboral
María Teresa de Jesús

Legisladores del GPPRD solicitaron el día de ayer el amparo del Poder Judicial Federal contra la irregular e ilegal actuación de varias autoridades de la Cámara de Diputados que, a través de la violación de la Constitución, la Ley Orgánica del Congreso y el Reglamento de la Cámara de Diputados dieron lugar a que la reforma laboral avanzara indebidamente al Senado.
Martí Batres Guadarrama, Secretario de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, hizo ese anuncia y aclaró que esta petición de protección al Poder Judicial es contra la violación al proceso legislativo a cargo de las mencionadas autoridades y no, por el momento, contra el contenido de la reforma.
Precisó que el atraco a los derechos laborales a través de este irregular proceso legislativo aún no se consuma, pues falta la discusión en la Cámara de Senadores, donde, de aprobarse, daría lugar a diversas formas de impugnación jurídica.
Entre ellas se cuentan los amparos individuales, los amparos colectivos y las acciones de inconstitucionalidad, todas ellas contra el contenido de la reforma, las cuales se iniciarían si en el Senado se consuma el atraco a los trabajadores a través de la conculcación de sus derechos.
El amparo que los diputados del GPPRD presentan hoy es por la violación a numerosos artículos en detrimento de los principios que garantizan la certidumbre en la aprobación de leyes y reglamentos.
Por ejemplo, en la Comisión de Trabajo y Previsión Social no se respetaron las normas establecidas para la convocatoria de sus integrantes, como el tiempo de aviso y el hecho de que debió firmarla su secretario técnico y no su presidente o la mayoría de sus secretarios.
Además, el dictamen que a nombre de la Comisión se presentó ante el Pleno de Diputados no se entregó cinco días antes de su aprobación, sino el mismo día, pero además mutilado.
De esta manera, no aparecen elementos que tenía la minuta de la Cámara revisora –en este caso, el Senado- y que no fueron rechazados en la Comisión de Trabajo, como el artículo 388 Bis, que nunca se votó en contra y, por lo tanto, debió haber aparecido en el dictamen que se llevó al Pleno.
Batres Guadarrama aseguró que los presidentes de la Comisión del Trabajo y el de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, violaron el artículo 72 de la Constitución, en el que se establece que una minuta que regresa con modificaciones de la Cámara revisora --en este caso el Senado de la República- se debe aprobar o reprobar por la Cámara de origen -Cámara de Diputados-, ejercicio que no ocurrió ni en la Comisión ni en el Pleno.
Por último señaló que el juicio de amparo al cual da lugar esta petición de los diputados del GPPRD daría como resultado, si el juez correspondiente decide otorgarlo, a que se repusiera el proceso legislativo para una correcta discusión y aprobación de la reforma laboral.

Cámara de Diputados


Presentó cifras falsas el Alcalde de Acapulco Luis Walton Aburto: Añorve Baños
* Encubre la deuda de 396 millones de pesos que dejó el gobierno de Félix Salgado Macedonio en 2008
María Teresa de Jesús


El diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manuel Añorve Baños se refirió a la conferencia de prensa del Alcalde de Acapulco  Luis Walton Aburto y quien afirmara que el Municipio es un “desastre”, que se encuentra en “quiebra” y presentó cifras inexactas.
El priista resaltó que se debe precisar lo siguiente:
1.- Su Secretario de Planeación  y Desarrollo Económico de Acapulco de Juárez, Carlos Álvarez Reyes, expresó textualmente al inicio de su exposición, que ofrecía datos “sin contar con una información  fidedigna  que se haya procesado  desde un sistema  de contabilidad gubernamental”, lo cual en principio, es una grave irresponsabilidad. Él mismo reconoció, que la información que proporcionó, ni es fidedigna, ni se desprendió de un sistema de contabilidad gubernamental.
2.- Dice Carlos Álvarez,  que la deuda que dejó el gobierno de Félix Salgado Macedonio en 2008, fue de 396 millones de pesos. Falso,  la deuda  que  heredó el gobierno de Salgado Macedonio, a mi administración, fue de  919 millones de pesos. Lo rescatable, es que ahora sí, reconocen que dejó deuda el gobierno perredista. Anteriormente esta deuda se había negado.
3.- Aseveran que queda en 2012, una deuda de 1561 millones de pesos. Falso, la deuda, sumando la de CAPAMA, es de 806 millones de pesos, para la administración que encabeza Walton Aburto, subrayando nuevamente que recibimos de la administración de Félix Salgado 919 millones de pesos.
4.- Afirma el Secretario Municipal, erigiéndose en Auditor Superior de la Federación, que “encontró” “posibles daños patrimoniales o desviación de recursos federales”, por “388 millones de pesos”. Éste es un irresponsable señalamiento, ya que el Ayuntamiento de Acapulco ha sido y es permanentemente fiscalizado por la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría General del Estado; las cuentas públicas se entregaron, completas, exactas, y en tiempo y forma; la transparencia y rendición de cuentas es una obligación constitucional para todos los gobiernos y corresponde a los órganos fiscalizadores revisar y determinar el ejercicio correcto o indebido de los recursos públicos.
5.- Expresa, que para pagos de sueldos y aguinaldos a diciembre, enfrentará un déficit por 311 millones de pesos, pero no dicen que de octubre a diciembre recibirán 521 millones de pesos. Al parecer, se les olvida que ellos son los que gobiernan a partir del 30 de septiembre.
6.- Mucho se han lamentado, de una pesada carga burocrática y pago de nómina anual. Debe puntualizarse que en la administración perredista de Salgado Macedonio en 2008, recibimos una carga burocrática de un total de 7920 trabajadores, para 2012 fueron 8168, significa solamente un incremento de 248 trabajadores, de los cuales 223 fueron policías en mi administración.
7.- Apuntan también como deuda, un supuesto pago de Laudos, por 270 millones de pesos, se les olvida señalar, que todos esos juicios corresponden a personal de administraciones anteriores a la mía, entre otras imprecisiones.
8.- Acapulco merece trabajo y respeto, merece que se hable con la verdad. En más de 40 días, se han desatendido los problemas de inseguridad y de servicios públicos, por la búsqueda de reflectores y la multiplicación de lamentaciones, se pretende proyectar un municipio en “desastre”, como textualmente lo han expresado, cuando lo que se necesita, es un trabajo permanente a favor del municipio, tal como lo hicimos nosotros, pese a recibir una deuda de 919 millones de pesos. Hoy la deuda real, que debe sortear la actual administración, asentada en libros, es de 806 millones de pesos, 113 millones de pesos menos. Nosotros supimos salir adelante, con fortaleza y responsabilidad, pese a la influenza H1N1, el retiro del Tianguis Turístico y la agudización de la crisis económica. Acapulco merece un gobierno responsable, que hable con la verdad.

Nota ALDF


Necesario reformar el Artículo 48 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal  para terminar con el “veto de bolsillo”: Sesma Suárez
María Teresa de Jesús 

El diputado local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jesús Sesma Suárez propuso una reforma al artículo 48 del Estatuto de Gobierno del DF para acabar con el llamado “veto de bolsillo” que le permite al Jefe de Gobierno negarse a firmar una ley, y por lo tanto, no se  publica, se desechada junto con todo el trabajo serio, comprometido y extenso que realizaron los diputados locales para dictaminarla, sin que alguien pueda hacer nada al respecto. 
De ser aprobada la propuesta ecologista, se reduciría a 10 días el tiempo que dispondrá el Jefe de Gobierno para promulgar el proyecto de ley o decreto aprobado por la Asamblea Legislativa, pues de lo contrario la Asamblea estará facultada para llevar a cabo la promulgación correspondiente, de conformidad a lo establecido en el artículo 122, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El legislador ecologista Sesma Suárez subrayó la necesidad de establecer un mecanismo que permita que leyes y decretos sean promulgados y publicados aún contra la falta de voluntad del Jefe de Gobierno y evitar con ello que las determinaciones de un órgano legislativo en esta caso la ALDF, se conviertan en letra muerta cuando no son del agrado del titular del Ejecutivo.
“Desde nuestra perspectiva, el veto de bolsillo representa una atribución meta constitucional a cargo del titular del Poder ejecutivo y es contraria a los principios democráticos y republicanos”, manifestó.
Por último, detalló que resulta contrario a la teoría constitucional, a principios republicanos y democráticos que una sola voluntad impida que las leyes necesarias a la sociedad, no se puedan aplicar.