Nota ALDF

Saldaña Cháirez denunció ante la Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos a los siete ex consejeros del IEDF por peculado

María Teresa de Jesús

La coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Miriam Saldaña Cháirez denunció ante la Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos a los siete ex consejeros del Instituto Electoral del Distrito Federal por peculado.

Ya que en enero de 2013, los ahora ex consejeros: Néstor Vargas Solano, Gustavo Ansaldo Hernández, Yolanda Columba León Manríquez, Fernando José Días Naranjo, Ángel Rafael Díaz Ortíz, Beatriz Claudia Zavala Pérez y Carla Astrid Humphrey Jordán cobraron 19 millones 432 mil 674.52 pesos.

Adicionalmente, obtuvieron la cantidad bruta de 2 millones 50 mil 266. 36 pesos, que corresponde a un año de salario de dichos servidores públicos. Sin embargo, ninguno de estos pagos forma parte de una prestación legal, por lo que se presume un quebranto patrimonial del presupuesto del Distrito Federal.

Cabe destacar, que los ex consejeros más el cobro estratosférico de dinero en los artículos 125 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, y 166 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral.

No obstante, según la presidenta consejera Diana Talavera, el consejo general, por ser el órgano superior del IEDF, no se rigen bajo esos estatutos. Además el convenio en el que se autorizaron millones de pesos no fueron ratificados por el Tribunal Electoral del Distrito Federal, “lo que revela el pago ilegal e indebido por parte de quien o quienes resulten responsables de su erogación con cargo al erario público del GDF”, dijo la asambleísta Miriam Saldaña.

Por último, Saldaña Cháirez citó el artículo 29 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del DF que establece que los consejeros electorales, una vez concluido su encargo, no deberán recibir cantidad alguna por indemnización; por lo que resulta ilegal. La denuncia interpuesta en la Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos es en contra de quien o quienes resulten responsables.

“Por la ley están obligados a rendir cuentas sobre los millones de pesos que se autopagaron sin tener atribuciones para hacerlo; han pasado seis meses de ese hecho y aún no hay una respuesta, pues esperan que el caso se olvide, por eso en el PT hemos decidido denunciar y exigir una explicación”, concluyó.