Los jefes delegacionales deberán atender el ejercicio del
presupuesto participativo en demandas de unidades habitacionales en el DF:
Lucila Estela
* Por ello, habrá modificaciones a la Ley de Participación
Ciudadana
Francisco Rodríguez
La presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana de
la Asamblea Legislativa del DF (ALDF), Lucila Estela Hernández manifestó que a
fin de que los jefes delegacionales puedan tener posibilidades de atender el
ejercicio del presupuesto participativo en demandas de unidades habitacionales
en el Distrito Federal, se aprobó en reunión de comisión con cinco votos a
favor y uno en contra, modificaciones a la Ley de Participación Ciudadana.
Al adicionar un párrafo cuarto y quinto al artículo 83 de
esta ley, se explica que en caso de erogaciones con cargo al capítulo 4000, las
delegaciones deberán emitir la autorización sólo cuando sean sobre bienes que
no pertenezcan al dominio del poder público del Distrito Federal.
Dicha autorización contará con los lineamientos necesarios
para ejercer el presupuesto participativo del año fiscal correspondiente, en
los proyectos que resulten ganadores en la consulta ciudadana de conformidad
con los artículos 97 y 101 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del
Distrito Federal.
Las erogaciones a que se refiere el párrafo anterior,
deberán realizarse en apego con lo dispuesto en el Decreto de Presupuesto de
Egresos del Distrito Federal correspondiente en lo relativo al ejercicio
directo de los recursos por las delegaciones.
La diputada local del PRD afirmó que en los considerandos
del dictamen, se explica que se necesita generar mecanismos con los cuales los
recursos destinados al presupuesto participativo puedan ser aplicado de manera
clara, precisa y oportuna en el menor tiempo posible y con grandes beneficios
para la población capitalina.
Por último hizo mención que a nivel internacional, el
ejemplo más claro de la primera experiencia de presupuesto participativo se dio
en 1989 en la ciudad de Porto Alegre Rio Grande do Sul, en Brasil, donde el
objetivo principal se centró en la
justicia social: empoderar a las comunidades y conseguir que las necesidades de
los más desvalidos, pasen a primer término mediante la inversión de prioridades.
